El desfile de una escuela de samba de Río de Janeiro en homenaje al presidente Lula puede generar una condena en la Justicia Electoral de Brasil, según especialistas. Aunque el samba no constituye propaganda anticipada, hay fragmentos en el límite de la legalidad que pueden caracterizar abuso de poder, generando inelegibilidad o pérdida de mandato.

Entre 2003 y 2023, 1.228 personas fueron víctimas de violencia política letal en Brasil, incluidos 760 asesinatos, 358 intentos de asesinato y 110 amenazas graves de muerte, según un estudio de la Universidad de São Paulo y el Cebrap. El promedio es de 61,4 casos anuales, considerado extraordinariamente alto para una democracia consolidada.

Durante el interrogatorio en el Supremo Tribunal Federal sobre el plan golpista, el expresidente Jair Bolsonaro (PL) y su exayudante de órdenes Mauro Cid distorsionaron conceptos de legalidad para justificar discusiones golpistas que, según especialistas consultados por Folha, buscaban impedir la toma de posesión del presidente Lula (PT).

Hombres, estudiantes y residentes de São Paulo y Río de Janeiro fueron la mayoría de las víctimas de la dictadura militar identificadas oficialmente, según datos del ObservaDH (Observatorio Nacional de Derechos Humanos), una iniciativa del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía.

Lula se someterá a una cirugía este viernes para colocar una prótesis en la cadera para tratar los síntomas de la artrosis avanzada. El procedimiento se llevará a cabo en la unidad de Brasilia del Hospital Sírio-Libanês. Considerada de bajo riesgo, la cirugía fue recomendada a Lula por su equipo médico, pero el presidente ha estado posponiendo el procedimiento desde la campaña electoral del año pasado. Se prevé que el mandatario permanezca en el hospital hasta el próximo martes (3). Después de la cirugía, Lula trabajará desde casa durante al menos tres semanas, en el Palacio de la Alvorada.

El presidente Lula defendió que los votos de los ministros del STF (Supremo Tribunal Federal) sean secretos y afirmó que la insatisfacción de la población con ciertas decisiones puede afectar la seguridad de los magistrados de la Corte.